Tanto el Ministerio
como las autoridades de las distintas ciudades
mantienen regulaciones estrictas
sobre el uso y la circulación de palabras marcadas.

Las sanciones recaen
sobre practicantes que incumplen:
normativas,
límites de licencia,
protocolos técnicos
o restricciones específicas del Ministerio.

Las condenas,
en cambio,
son aplicadas
sobre actividades consideradas ilegales.

Sin embargo,
dentro de las leyes del Ministerio,
existe un principio más grave.

El uso de palabras marcadas
durante cualquier delito
es considerado como agravante de pena.

Porque las autoridades sostienen
que utilizar activaciones para:
robar,
engañar,
manipular,
extorsionar
o alterar la voluntad de otras personas
convierte el hecho delictivo
en una amenaza mucho más peligrosa.

Aun así,
el mercado negro
nunca logró desaparecer por completo.

Y las autoridades reconocen
una verdad incómoda:

Mientras existan palabras
capaces de alterar la vida humana,
también existirán personas
dispuestas a usarlas fuera de la ley.

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